Por Alba Alemán/ Sol Veracruz
Xalapa, Ver.– Veracruz se mantiene como el quinto estado con mayor número de personas desaparecidas en México, dentro de un panorama nacional que supera las 130 mil víctimas registradas. Para colectivos de familiares, esta posición no es solo una estadística: es la señal de que la violencia y la falta de resultados efectivos en búsqueda y prevención continúan marcando a la entidad.
Integrantes de diversas agrupaciones de búsqueda señalaron que las cifras siguen creciendo mientras miles de carpetas permanecen sin avances de fondo. Expusieron que, de manera constante, se difunden nuevas fichas de localización sin que al mismo ritmo se reporten hallazgos o esclarecimientos.
María Elena Gutiérrez, del colectivo Buscando a sus Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, sostuvo que el lugar que ocupa el estado en el registro nacional muestra que el problema no es aislado ni reciente, sino una crisis prolongada que ha impactado a familias completas y comunidades enteras. Señaló que la magnitud del fenómeno requiere una respuesta estructural y sostenida de las autoridades.
Las familias remarcaron que la posición de Veracruz entre los primeros lugares del país también exhibe fallas acumuladas en políticas de seguridad, investigación y localización de personas. A su juicio, persiste una coordinación institucional insuficiente entre dependencias responsables de prevenir, investigar y buscar.
También hablaron de la desconfianza que todavía existe hacia algunas instancias oficiales. Explicaron que muchas familias enfrentan trámites tardados, información limitada y cambios constantes de personal, lo que retrasa diligencias y obliga a los propios parientes a impulsar búsquedas con recursos propios.
Uno de los reclamos centrales fue la relación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV). Los colectivos señalaron que no se ha logrado consolidar un trabajo cercano, continuo y sensible con las familias, pese a que son ellas quienes han sostenido durante años recorridos en campo, revisiones de puntos de interés y labores de rastreo.
En contraste, reconocieron que recientemente ha habido mayor apertura de diálogo con la Fiscalía General del Estado. Indicaron que esa institución ha expresado disposición para reforzar áreas especializadas en desaparición, aumentar capacidades técnicas y destinar más recursos humanos, aunque subrayaron que los compromisos deben convertirse en resultados verificables.
Advirtieron que en los casos de desaparición el tiempo es un factor decisivo. Cada día sin acciones concretas —dijeron— reduce las posibilidades de localización y aumenta el desgaste emocional y económico de las familias, que deben costear traslados, pruebas y jornadas de búsqueda.
Por ello, insistieron en que las investigaciones y operativos deben activarse desde las primeras horas, sin demoras administrativas ni filtros innecesarios. También pidieron que se garantice el acompañamiento integral y la participación directa de los colectivos en la planeación de acciones.
Las familias recordaron que la cifra nacional de más de 130 mil personas desaparecidas representa una responsabilidad directa del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno. Señalaron que la obligación principal es proteger a la población y responder con eficacia cuando alguien falta.
“El problema no es solo el número, es la ausencia de respuestas. Mientras Veracruz siga entre los primeros lugares, la deuda con las familias sigue abierta”, expresaron al reiterar que seguirán en las calles y en campo hasta encontrar a los suyos.
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