En pleno conflicto por la prórroga del rector Martín Aguilar, la Universidad Veracruzana acumula observaciones por más de 1.4 millones de pesos en su Cuenta Pública 2024.
Por Alba Alemán / Sol Veracruz
Xalapa, Ver.-La Universidad Veracruzana (UV) se encuentra bajo un doble escrutinio: mientras la comunidad universitaria mantiene un intenso debate por la extensión del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez hasta 2029, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) reveló un presunto daño patrimonial por 1 millón 407 mil 317 pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
El informe, presentado por la auditora general Delia Cobos, señala 13 observaciones y 13 recomendaciones que abarcan tanto rubros financieros como técnicos en obras de infraestructura.
De acuerdo con el documento, “la institución universitaria no cumplió con la normatividad aplicable en adquisiciones, control interno y comprobación de obras, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”.
El caso del Teatro Universitario
El ORFIS puso especial atención en la obra de construcción del Teatro Universitario en la región Xalapa, donde detectó un presunto daño patrimonial de 153 mil 542.89 pesos.
La irregularidad obedece a la ausencia de finiquitos y de la estimación número cinco extraordinaria, así como a la falta de documentación sobre condicionantes ecológicas. “No se presentó la información que acredite el cumplimiento de las medidas ambientales, lo que compromete el equilibrio de la zona”, advierte el reporte.
La universidad tuvo oportunidad de solventar estas observaciones, pero no entregó los documentos requeridos, por lo que el señalamiento quedó firme.
Compras sin licitación
El apartado financiero tampoco salió bien librado. El ORFIS documentó que la UV aplicó procedimientos de adjudicación directa en adquisiciones que, por sus montos, debieron realizarse mediante licitación simplificada.
El monto observado asciende a 1 millón 253 mil 774.97 pesos y, según la auditoría, no existe dictamen de procedencia ni autorización del Subcomité de Adquisiciones. Para el ORFIS, esto constituye un incumplimiento grave a la normativa: “La falta de estos documentos impide garantizar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en las contrataciones”.
Recomendaciones y riesgos fiscales
El órgano fiscalizador emitió recomendaciones para reforzar los controles internos de la UV, entre ellas:
Integrar expedientes completos con toda la documentación justificativa. Conciliar los importes de inventarios y actas administrativas. Evitar prácticas fiscales indebidas relacionadas con subsidios a remuneraciones personales, que podrían representar un riesgo de incumplimiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El ORFIS también subrayó la urgencia de fortalecer los mecanismos de contratación y licitación para garantizar mayor transparencia en el gasto universitario.
Contexto: la prórroga del rector
Las observaciones no ocurren en el vacío. Llegan en un momento en el que la Universidad Veracruzana vive una tormenta política tras la decisión de la Junta de Gobierno de extender el mandato del rector Martín Aguilar Sánchez hasta 2029.
El acuerdo fue calificado como irregular por amplios sectores de la comunidad universitaria. Académicos, estudiantes y exrectores acusan que la prórroga viola la Ley Orgánica de la UV al haberse aprobado sin convocatoria pública ni proceso de elección.
La Red UV por la Legalidad ha encabezado la oposición, señalando que la medida constituye “un golpe a la autonomía universitaria”. Exrectores han coincidido en que la decisión representa una “grave transgresión” y un intento de “secuestrar” la institución.
En los últimos meses se han interpuesto múltiples amparos ante tribunales federales en Xalapa. Entre los promoventes figuran académicos como Jorge Manzo, Marisol Luna, Rafael Vela y Carlos Manuel Welsh. Aunque algunos fueron desechados, otros continúan en trámite, abriendo un frente legal que mantiene viva la disputa.
Mientras tanto, las protestas estudiantiles se multiplican en facultades de Xalapa, Veracruz y Córdoba. La comunidad exige transparencia, respeto al marco normativo y atención a problemáticas internas como la violencia de género, que en 2023 acumuló más de 400 denuncias en la institución.
Una universidad cuestionada
La suma de los elementos coloca a la UV en un escenario de alta tensión: observaciones financieras millonarias, un rector cuya continuidad está impugnada en tribunales, y un clima de descontento entre estudiantes y académicos.
Aunque el presunto daño patrimonial no es el mayor detectado en las cuentas públicas estatales, su relevancia es simbólica: exhibe fallas administrativas justo cuando la institución más necesita credibilidad para sostener un proceso rectoral marcado por la desconfianza.
Para la Universidad Veracruzana, el reto no es únicamente solventar las observaciones del ORFIS. La verdadera prueba será recuperar la confianza de su comunidad y demostrar que la autonomía no se convierte en sinónimo de opacidad.
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